La defensa del agua implica lucha

Indignación civil

La unidad entre las diferentes comunidades de Tacuba, Ahuachapán, está permitiendo defender su sistema de agua y las fuentes que los abastecen.

A sus 88 años de edad, Rosa Monzón está en pie de lucha. “Yo voy a defender mi derecho al agua”, decía ante las cámaras que la grababan en la concentración ciudadana que pedía la libertad de los seis líderes comunitarios detenidos en el municipio de Tacuba, departamento de Ahuachapán, El Salvador. El enemigo a vencer es el modelo económico violador de derechos humanos y depredador del medio ambiente.

Las capturas, el pasado 22 de julio, eran las últimas acciones de persecución contra las y los defensores del derecho al agua que pelean por mantener el sistema de agua en manos de siete comunidades en Tacuba, a lo cual se opone el alcalde del municipio, Joel Ernesto Ramírez Acosta.

Ramírez Acosta, del partido de derecha ARENA, busca desde 2007 apropiarse de forma ilegal del sistema de agua comunitario y de las fuentes de agua que abastecen a las siete comunidades. Estas resisten gracias a su organización y al apoyo del Foro del Agua El Salvador.

Otra vecina de Rosa expresó que como mujer ya comprendió que si la vida vamos a dar por el agua, “la vida la vamos a entregar, porque sin agua nos morimos. Es como que nos peguen un balazo en la cabeza”. Y por si alguien dudaba todavía de sus razones esgrimió el argumento que abandera la lucha en su comunidad: “Nosotros somos los dueños del agua”.

 

Agua, Derecho Humano

Estas dos mujeres también han comprendido que con su lucha están defendiendo un derecho humano, precisamente el derecho humano al agua. Las detenciones de sus líderes casi coinciden con el sexto aniversario de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), un 28 de julio de 2010, cuando reconoció el Derecho al Agua y al Saneamiento.

A partir de entonces, según la ONU, el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

Quien le iba a decir a la anciana Rosa lo importante que sería este 28 de julio de 2016. Un día antes, estuvo con su gente frente al Juzgado de Tacuba esperando la puesta en libertad de los líderes de su comunidad. Lo lograron. Al día siguiente, salió rumbo a la ciudad de San Salvador, la capital salvadoreña. Asistió al Foro de Derechos Humanos: “Desafíos para la defensa de los bienes comunes como el agua”.

El lema que compartía todo el público, que celebraba el sexto aniversario de la Resolución de la ONU del Derecho al Agua, era: “No a la criminalización de las y los Defensores de Derechos”.

 

Aliados estratégicos

 

Familiares y amigos de los capturados se mantuvieron frente al Juzgado de Tacuba, para exigir la liberación de sus compañeros.

Familiares y amigos de los capturados se mantuvieron frente al Juzgado de Tacuba, para exigir la liberación de sus compañeros.

La actividad, en el Auditorio de Humanidades de la Universidad de El Salvador, fue organizada por El Foro del Agua El Salvador, ASPRODE, PROVIDA, Colectiva Feminista, Comité Ambiental de Chalatenango, La Red de Administradores de Agua de Chalatenango y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, como Mundubat. Todas reiteraron el compromiso de seguir acompañando a las comunidades en la defensa de sus derechos, en especial el Derecho Humano al Agua.

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. David Morales, quien presenció la liberación de los seis líderes en Tacuba, quiso rendirles un homenaje durante el Foro de Derechos Humanos. “Se ha logrado la liberación, pero ahora hay que luchar en ese proceso judicial. Ustedes tienen experiencia de lucha como comunidades organizadas”, afirmó ante el público que inmediatamente empezó a aplaudir en señal de que estaban de acuerdo con el Procurador.

En respuesta, el funcionario público hizo una promesa: “Y en esa lucha no están solos ni solas, la Procuraduría está con ustedes. Seguiremos el ejemplo de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él nos enseñó a trabajar al lado del pueblo”.

Morales denunció que las detenciones fueron un acto de injusticia en Tacuba. Por tanto, había que condenarlo a nivel nacional e internacionalmente. Un acto que se suma a una larga cadena de injusticias institucionales.

 

La carta de la privatización

Según el Procurador, la mayor injusticia es que el Estado de El Salvador no ha permitido a las comunidades el acceso al agua de calidad. No ha regulado y por 10 años ha postergado, por razones políticas, la aprobación de Ley de Agua. “Condiciona su aprobación a la entrega del ente rector del agua, del bien público, al sector privado. Esa es la mayor contradicción”, señaló indignado.

La anciana Rosa conocía esa verdad. En sus 88 años de vida sabe lo que es sentirse abandonada por el Estado salvadoreño, pero también aprendió que unida y organizada no la derrotarán en su lucha por defender las fuentes de agua que abastecen a su comunidad en Tacuba.

 


 

Uno de los detenidos explica el caso de Tacuba:

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZ184vutG24&feature=youtu.beChromeHTML\Shell\Open\Command

 

Testimonio de la hija de uno de los defensores del agua:

 

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