Conoce el caso de Verónica

Soy una de las 17 mujeres salvadoreñas acusadas de haberse provocado un aborto, condenadas entre 1999 y 2011 a penas de 12 a 40 años de cárcel por homicidio agravado.

El grupo de Las 17 no somos las únicas cumpliendo penas tan severas; en diciembre de 2014 la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico llegó a identificar a otras 40 mujeres cumpliendo condena. Tras analizar nuestros casos se comprobó que sufrimos partos precipitados extra hospitalarios que provocaron la muerte de la criatura durante la gestación. Todas las condenadas seguimos un mismo patrón, somos de origen humilde y nunca se ha llegado a demostrar que cometiéramos el delito del que se nos acusa. 

A día de hoy, soporto una condena de 30 años por homicidio agravado, durante mi infancia no pude cursar ni tan siquiera la escuela primaria por lo que mi nivel educativo es bajo y comencé pronto a trabajar como empleada doméstica para una familia. 

Mi historia comienza en 2003, cuando yo tenía 19 años y fui violada por un pariente de la familia para la cual trabajaba; nunca llegué a denunciar a mi agresor por miedo a represalias y como resultado me quedé embarazada. Debido a la falta de alternativas por la prohibición total del aborto en El Salvador, no tuve más remedio que resígname y continuar con el embarazo, a pesar de que ello me llevó a entrar en una depresión profunda. 

El 18 de marzo de 2004 entre la 36 y 38 semanas de embarazo expulsé al feto de forma espontánea, sufriendo un parto extra hospitalario con factores de alto riesgo. Perdí mucha sangre y me quedé inconsciente, y un rato después me descubrieron mis empleadores. Estos creyeron desde el principio que yo me había provocado el aborto y mantuvieron una actitud incriminatoria, y me llegaron a denunciar a las autoridades. 

En el hospital, el personal sanitario me estabilizó, pero también me denunció. La policía me detuvo inmediatamente en el hospital y sin haber recibido tan siquiera el tratamiento necesario para mi recuperación. Y dos días después de haber ingresado, me llevaron a las celdas de la delegación policial. 

La propia sentencia que me condenó a 30 años de prisión admite que no hay pruebas de que yo me produjera el aborto. Por lo tanto, mi condena no se basa en certezas, sino en supuestos y dudas; y según establece la ley salvadoreña, en caso de existir dudas la justicia debe ser favorable a la persona acusada. Sin embargo, este principio no fue respetado en mi proceso judicial y a pesar de no haber evidencias de mi autoría intencionada en la interrupción del embarazo, fui condenada en base a prejuicios y estereotipos de género. 

Desde hace 13 años, me encuentro presa en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango. Sigo esperando que se haga justicia.

Ilustración: Higinia Garai para la campaña #SomosTodasNosotras de Mundubat

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