El Salvador, tierra hostil para las mujeres

El Salvador es uno de los países que forman parte de la campaña por el Derecho a Decidir de las Mujeres #Somostodasnosotras #Emakumeguztiokgara. Cada año en el país se llevan a cabo un total de 35.000 abortos clandestinos, que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres y niñas, y suponen una vulneración constante de los Derechos fundamentales de las salvadoreñas.

Foto: Amnistía Internacional-México.

En la actualidad, El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas del mundo, y aplica las penas más severas a las mujeres procesadas y condenadas por abortar. Sin embargo, esto no siempre fue así. Para conocer esta realidad, se invita a ver el siguiente vídeo:

Acabar con la prohibición del aborto en El Salvador

La legislación de 1973 contemplaba en el país centroamericano tres supuestos en los que la interrupción del embarazo estaba permitida, a saber; en caso de que la vida de la mujer corriera peligro -aborto terapéutico-, en caso de que el embarazo fuera fruto de una violación –aborto ético- y finalmente, en caso de que el feto sufriera de malformaciones –aborto eugenésico-.

Esta legislación permitió salvar miles de vidas de mujeres desde los servicios de salud públicos, pero todo cambió durante los Acuerdos de Paz de 1992. El conservadurismo defendido por la Iglesia Católica y los sectores anti-elección se impusieron en el proceso de modificación del código penal; y finalmente en 1998, no solo se instauró la prohibición absoluta del aborto, sino que se constituyó el delito de “inducción o ayuda al aborto” y se agravaron las penas de cárcel, las cuales se elevan de 30 a 50 años. 

La condición socioeconómica del aborto en El Salvador

Al igual que en la mayoría de países de la región, en El Salvador las mujeres pobres y con escaso nivel de educación son las que más vulnerados ven sus derechos, y el derecho a decir no es una excepción.

Más de la mitad de las mujeres procesadas en El Salvador por homicidio agravado carece de ingresos económicos y se dedica a los trabajos domésticos, la gran mayoría de ellas se encuentran en situación de pobreza o de extrema pobreza. Respecto al nivel de estudios, estas mujeres tiene un nivel de escolaridad muy bajo, o bien son analfabetas o tan solo han llegado a cursar los primeros años de educación primaría. Esto muestra la gran carencia en educación sexual y reproductiva, no solo para prevenir enfermedades venéreas, sino para evitar embarazos no deseados.

Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico: 

En 2011, se identificaron 129 mujeres procesadas por aborto u homicidio agravado y que las mujeres más afectadas son aquellas más jóvenes y de origen humilde. La gran mayoría de las 129 mujeres procesadas por aborto u homicidio agravado entre 2000 y 2011 eran jóvenes: casi el 70% tenía entre 18 y 25 años en el momento en que fueron denunciadas

Foto:Pato Chávez.

El círculo vicioso patriarcal: violencia – estigma – pobreza 

La violencia sexual es uno de los problemas más enraizados en la sociedad salvadoreña, y al igual que en otros países de la región latinoamericana, el problema de violencia sexual es mucho más grave de lo que las cifras pueden mostrar ya que estas solo recogen los casos que se denuncias. Desgraciadamente, la gran mayoría de las violaciones ocurren en el seno de la familia o de los más allegados, y por miedo al estigma social, la gran mayoría de las víctimas se atreven a denunciar a su agresor. 

Como resultado de estos abusos un altísimo porcentaje de niñas y adolescentes se quedan embarazadas. Además, debido a los altos niveles de pobreza del país y ante la falta de alternativas legales existentes, la mayoría de las menores acaban o bien recurriendo a abortos clandestinos -poniendo en riesgo su vida-; o bien llevando a término los embarazos con resignación, dolor e incluso peligro de muerte. No es de extrañar por lo tanto que el suicidio sea la primera causa de muerte entre las adolescentes embarazadas de 10 a 19 años en El Salvador. 

La caza de brujas del siglo XXI

Como si de la inquisición se tratase, el estigma que rodea a las mujeres jóvenes y pobres en El Salvador, junto con los prejuicios sobre el aborto, están provocando una verdadera caza de brujas en el país. 

Más de la mitad de las mujeres que acuden a los hospitales públicos por emergencias obstétricas o complicaciones de abortos clandestinos, son denunciadas por el personal sanitario. Estos no tienen en cuenta ni el derecho a la confidencialidad, ni a la intimidad, ni a la presunción de inocencia, ni tampoco contemplan que muchas de las mujeres que llegan a los hospitales con emergencias obstétricas o partos complicados desde zonas rurales, donde no tienen fácil acceso a la atención sanitaria.

En cuanto a la conducta del personal sanitario, es llamativa la alta tasa de denuncias que se registran por inducción al aborto en los hospitales públicos en comparación con la escasez de denuncias reportadas en los hospitales privados del país. Esto evidencia que la pobreza es el factor clave de la estigmatización y criminalización del aborto en El Salvador, ya que aquellas mujeres que disponen de recursos económicos acceden a abortos seguros sin poner en peligro su vida. 

Además, las acusadas no están viendo respetados sus derechos fundamentales al debido proceso y a unas mínimas garantías judiciales. Como prueba de ello, se han documentado severas irregularidades relacionadas con los procedimientos judiciales. Por ejemplo, interrogatorios llevados a cabo cuando las acusadas aun se encontraban hospitalizadas o bajo los efectos de la anestesia, e incluso sin la presencia de una defensa; tratos discriminatorios en las prisiones de una enorme crueldad; y procesos judiciales basados en supuestos y no en evidencias reales.

¿Qué pasa con los derechos de las mujeres salvadoreñas?

La prohibición absoluta del aborto en El Salvador es uno de los aspectos más crueles de la violencia sistemática e institucionalizada que sufren las mujeres y las niñas en el país y constituye una violación sistemática de sus derechos humanos.

La penalización absoluta del aborto, ni siquiera permite intervenir a mujeres cuya salud corre peligro si la gestación avanza o que sufren embarazos de riesgo. En estos casos, no se administra el tratamiento necesario para salvar la vida de la mujer, porque podría causar lesiones en el feto o incluso llegar a interrumpir el embarazo. Y de acuerdo con el primer artículo de la Constitución salvadoreña, se reconoce como persona a “todo ser humano desde el instante de la concepción”; por lo que claramente prevalece la vida del feto sobre la de la mujer. Además de que no se está proporcionando la atención adecuada debida e indicada por la Organización Mundial de la Salud.

La falta de alternativas supone una vulneración al derecho de rehabilitación de las víctimas de violencia sexual, y las consecuencias son especialmente crueles y dolorosas especialmente para las niñas, ya que estas se ven obligadas a ser madres, siendo rechazadas en sus comunidades y teniendo que dejar la escuela, perpetuando así el círculo de pobreza femenina. Conforme afirma Amnistía Internacional, tras vivir la experiencia con enorme dolor e incomprensión, estas niñas difícilmente podrán recuperarse. 

Foto: Bárbara Boyero

La prohibición total del aborto en El Salvador es un problema de justicia social ya que se está criminalizando y persiguiendo a mujeres pobres y jóvenes, que son denunciadas y condenadas a penas de cárcel de 30 a 50 años, en un país en que eso significa prácticamente una cadena perpetua.

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