Se profundiza la crisis democrática y de Derechos Humanos en Honduras

Elecciones Honduras 2017En los últimos días, la población hondureña está sufriendo graves violaciones de sus derechos humanos. La Fundación Mundubat denuncia estas violaciones y visibiliza el grave retroceso democrático que acontece en Honduras desde las elecciones el pasado 26 de noviembre de 2017.

Con este comunicado, queremos poner de manifiesto nuestra preocupación ante tres puntos fundamentales:

  • Las garantías democráticas ante las evidencias de fraude sucedidas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
  • Los intereses del Estado, ante la estrategia elegida por las autoridades hondureñas en esta crisis política.
  • La seguridad de la población, ante la violación de derechos humanos cada vez más crítica y bajo más represión.

Las garantías democráticas durante este proceso electoral se han visto mermadas desde los mismos inicios, con las irregularidades reportadas en algunas de las mesas electorales, las especulaciones de compra de votos y las denuncias por suplantaciones de identidad, tal y como sería reportado por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE)[1].

En la noche del día de las elecciones, con un 71% del escrutinio realizado, Salvador Nasralla aventajaba en 118.000 votos a Juan Orlando Hernández. Esta diferencia que sería anunciada por el mismo magistrado Marco Ramiro Lobo como irreversible, se vería drasticamente modificada tras un inesperado apagón del sistema del TSE, circunstancia que avivaría la tensión y desconfianza de la población hondureña, al entender este evento como un claro fraude electoral.

Heridos HondurasA golpe de fusiles

Tensión que se ha venido agudizando ante la represión militar desplegada en los últimos días, y ante la falta de transparencia y demora en el conteo de votos, poniendo en duda  la imparcialidad y legitimidad del proceso electoral, incluso ante la presencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la MOE UE, que, ante estas evidencias, se han posicionado a favor de las peticiones de la población hondureña, al solicitar un nuevo conteo de actas y la defensa del pueblo al derecho de manifestación y libre circulación[2].

Estás garantías democráticas también las vemos peligrar ante las evidencias que se pueden encontrar si analizamos la reelección de Juan Orlando Hernández, bajo los criterios de un poder judicial que ha sido estructurado bajo la destitución de un gran número de jueces que se oponían al discurso del Partido Nacional. En el 2012,  por ejemplo, se destituyeron cuatro jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia[3] por discrepar con la agenda política del Partido Nacional. Suceso que se repite si investigamos al organismo del Tribunal Supremo Electoral, y más concretamente a su presidente David Matamoros Batson[4].

Los intereses del Estado se ponen en duda ante las decisiones represivas y violentas que están tomando sus autoridades con los manifestantes y las manifestantes hondureñas. El uso excesivo de la fuerza ha sido denunciado por la Mesa Nacional de Derechos Humanos como Terrorismo de Estado[5].

Nos preocupa que la prioridad de un Estado no sea su población; y esta preocupación se intensifica en Honduras, un país que ha restringido notablemente los derechos fundamentales de su población en los últimos años en cuestión de libertad de expresión y libre acceso a la información. Se trata del país más peligroso para defensores y defensoras ambientales y de los derechos humanos con más de 120 personas asesinadas desde 2010[6].

Salvador Nasralla Foto Aristegui Noticias

Honduras es un país que se está convirtiendo en un paraíso neoliberal, bajo una estructura corrupta que aprueba leyes que benefician al mercantilismo por encima de su ciudadanía, como la Ley de Zonas de Desarrollo y Empleo Económico (ZEDE) que ofrece concesiones que vulnera los derechos de su población originaria[7]. En definitiva, nos preocupa que en la toma de decisiones durante esta crisis política, las autoridades del Estado hondureño prioricen sus intereses personales a los de la población, siguiendo las mismas estrategias que han llevado hasta ahora, a expensas de los derechos y libertades del pueblo hondureño, manipulando información, fomentando un caos que legitime su violencia, o incluso pudiendo llegar a crear un régimen autoritario de corte militar, fuera de toda lógica democrática.

Honduras elecciones 2017La seguridad de la población es nuestra mayor preocupación. En los últimos días, las organizaciones que acompañamos en Honduras, nos han reportado más de 200 detenciones, cerca de 100 personas heridas y 13 muertes confirmadas. Los derechos humanos fundamentales de los hondureños y las hondureñas están siendo violados de forma impune y ante los ojos de la comunidad internacional. Se están repitiendo los horribles acontecimientos del golpe de Estado del 2009[8]; pero esta vez bajo la atenta mirada del mundo.

La represión y estigmatización a la que se está sometiendo la población hondureña viola claramente sus derechos y libertades; las fuerzas militares están contraviniendo todos los protocolos de actuación, llegando incluso a lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros a manifestantes de pueblos del norte de Honduras, tal y como fue denunciado por Radio Progreso, la madrugada del lunes 4 de Diciembre.

Desde las organizaciones sociales  hondureñas se denuncia que desde el inicio hubo intromisión de personas ajenas a los manifestantes, que enturbiaron el ambiente, creando daños materiales y provocación. También se ha denunciado la manipulación de la información en los medios de comunicación que provoca la polarización de la propia ciudadanía hondureña y la confusión internacional sobre la legitimidad de las protestas. Esta combinación de eventos empañó el contexto y la opinión pública hasta el punto de legitimar la intervención militar del Estado y la criminalización de las protestas, estigmatizando a su vez a la población bajo la etiqueta de terroristas y eliminando sus derechos constitucionales bajo una fuerte represión que, el viernes 1 de diciembre, se inició a las 11 de la noche bajo orden de toque de queda.

Es por todo esto que nos unimos a la Mesa Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil, solicitando:

  • Al Estado de Honduras:
    1. Garantizar la seguridad ciudadana y su derecho a circular y manifestarse. Con especial atención al respeto del ejercicio pleno de los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y medios de comunicación.
    2. Respetar la voluntad del pueblo de honduras que se expresó el domingo 26 de Noviembre, y cumplir las recomendaciones de la MOE UE y OEA.
  • Al TSE: Atender a todas las peticiones realizadas por todos los partidos políticos. Incluyendo la revisión de las más de 5.000 actas, bajo un recuento público, sin intervención política y bajo observación internacional.
  • Al MOE UE y OEA: Permanecer en el país hasta que se culmine todo el proceso y se pueda declarar a un presidente de forma oficial.
  • A los organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos: apoyar a los organismos de derechos humanos de Honduras en sus investigaciones sobre la violación de los derechos humanos que está sufriendo la población hondureña; incluyendo las torturas, asesinatos y detenciones ilegales.
  • A la comunidad internacional: Mantenerse firmes en el respeto de la voluntad del pueblo hondureño y abstenerse del reconocimiento de los resultados electorales hasta una verificación legítima final.

Enlace de nota:

[5]http://ciprodeh.org.hn/comunicados/comunicado-de-prensa-mesa-nacional-de-derechos-humanos/


ENLACES

Comunicado del Sistema de Naciones Unidas en Honduras

Comunicado del Foro de ONG´s Internacionales en Guatemala

Declaraciones de la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE UE)

Defensores en línea: 12 muertos en protesta antifraude

 

Misión de Observación Electoral de la UE

 

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