Se cumplen 4 años de la Sentencia por Genocidio contra el General Rios Montt, prosigue la búsqueda de Justicia.

WhatsApp Image 2017-05-10 at 18.12.22Hoy celebramos la sentencia y se accionara legalmente contra los tres magistrados de La Corte de Constitucionalidad (C.C.) que anularon el juicio. [01] De esta forma CALDH, Ajr y Flor de Maguey actuarán de nuevo ante la constancia de la sentencia ilegal de la C.C.
La acusación será por prevaricación.
Esta acción pretende mover de nuevo un sistema de justicia marcado por la impunidad, para fortalecerlo y dignificar a las victimas.
Estas acciones se emprenden tras profusos análisis de todas las implicaciones y la obtención de medios de prueba claros para presentar las pertinentes querellas y denuncias.
Es importante que a nivel internacional haya seguimiento del proceso por las posibles amenazas y criminalización que se puedan dar contra AJR, CALDH y las y los testigos.
Seguiremos informando. Permanezcan atentxs.

COMUNICADO ÍNTEGRO


JUZGAR EL PREVARICATO DE TRES EX MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, ES UNA DEUDA DEL SISTEMA DE JUSTICIA A LAS VÍCTIMAS DEL GENOCIDIO

El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH interpone hoy una  querella y dos denuncias penales en contra de los ex Magistrados de la Corte de Constitucionalidad – CC Alejandro Maldonado Aguirre, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto, por el delito de Prevaricato cometido en la resolución emitida el 20 de mayo 2013 en el caso por genocidio por el que se condenó a José Efraín Ríos Montt.

El Código Penal establece, ARTÍCULO 462. Prevaricato. El juez que, a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos, será sancionado con prisión de dos a seis años. Si la resolución dictada consistiere en sentencia condenatoria en proceso penal, la sanción será de tres a seis años.

Las acciones jurídicas presentadas se fundamentan en las ilegalidades de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (20 de mayo y aclaración del 27 de mayo 2013) en la que estos Magistrados falsean las constancias procesales, en tanto afirman que el abogado Francisco García Gudiel interpuso una Reposición sobre la Recusación planteada al Tribunal, siendo esto falso ya que el abogado García Gudiel interpuso una Reposición por la Expulsión que la Presidenta del Tribunal A hiciera el 19 de marzo 2013 al inicio del debate. Claramente se evidencia cómo estos Magistrados tergiversan y resuelven basados en hechos falsos.

Otro elemento de falsedad en la resolución de estos tres Magistrados es lo relativo a que la Jueza presidenta del Tribunal A no dio trámite a la Recusación que el abogado García Gudiel hiciera, sin embargo, quedó constancia en audios y videos, tanto del Tribunal como de los medios de comunicación, que la Jueza presidenta en tres ocasiones (19 de marzo, 30 de abril y 8 mayo) dio la oportunidad para que éste se pronunciara. De nuevo  claramente se evidencia cómo estos Magistrados tergiversan y resuelven basados en hechos falsos.

Es importante destacar que la Ley establece que todo lo que ocurre dentro de un Debate debe resolverse en el mismo a excepción de una Reposición la cual da pie a una posterior Apelación especial que seguiría su curso por la vía ordinaria, pero que no tiene efectos suspensorios dentro del debate. Por tanto todo lo actuado tanto por Salas como por la CC es ilegal y contraviene los principios de un debate. La CC NO podía anular actuaciones de un proceso penal ya que existe la vía ordinaria por medio de la cual se pueden presentar estos recursos.

La estrategia de la defensa del militar fue notoria, al presentar el día del inicio del debate un abogado que, de entrada, recusó al tribunal, conociendo de antemano la integración del mismo, por lo que el acto reclamado no conlleva agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional, pues el abogado patrocinante del ocurso, al conocer de antemano la integración del Tribunal a cargo del debate oral y público debió conforme a la ley inhibirse de ejercer la defensa del acusado. Es importante resaltar que en ningún momento el Tribunal durante el debate dejó sin defensa al acusado José Efraín Ríos Montt.

Esta querella y denuncias evidencian que a pesar de los esfuerzos realizados para impartir justicia, nuestro sistema de justicia es aún frágil y permisible al litigio malicioso impulsado por abogados con el fin de retrasar los procesos y perpetuar la impunidad, sobre todo en casos de graves violaciones a los derechos humanos, o casos de alto impacto. El caso por genocidio es un ejemplo de cómo el sistema de justicia permitió un litigio malicioso que desemboca hoy en estas acciones jurídicas que esperamos lleguen a las últimas instancias y con ello depurar y fortalecer nuestro sistema de justicia.

Es importante resaltar que los dos magistrados que firmaron su voto disidente al no estar de acuerdo con la resolución, advierten de las graves consecuencias de esta ilegalidad para el sistema de justicia. Consideramos además que las consecuencias afectan el Estado de Derecho, certeza jurídica y el cumplimiento de las obligaciones del país a nivel internacional, por lo que estas denuncias y querella son fundamentales para el avance de la justicia.

La resolución del 20 de mayo 2013 produjo un gigantesco agravio a las víctimas y sobrevivientes que creyeron en el sistema de justicia y han luchado por encontrar una respuesta contundente, que perversamente les negaron dichos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Esta resolución tiene un solo nombre: IMPUNIDAD. La misma, evidenció lo que hemos denunciado sobre la injerencia de grupos de poder que ponen e imponen sus intereses particulares por sobre los intereses nacionales.

Juzgar el prevaricato de estos tres ex Magistrados de la CC es una deuda del sistema de justicia hacia las víctimas y hacia el Pueblo de Guatemala. Hoy más que nunca nuestro sistema de Justicia necesita demostrar que está avanzando por el camino de la verdad y el estado de derecho. Solicitamos a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público la designación de un fiscal especial para que pueda diligenciar las acciones de litigio que n estos procesos deberán llevarse. Porque NUNCA MÁS queremos jueces y magistrados que se sientan superiores a la Ley y que defiendan los intereses de poderosos que han cometido delitos, en especial graves violaciones a los derechos humanos.

Guatemala, 10 de mayo 2017

A  4 AÑOS DE LAHISTÓRICA SENTENCIA POR GENOCIDIO

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

 

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Fotos e información desde la Delegación de Mundubat en Guatemala.

[01] Noticia de la anulación del juicio por la CC en el rotativo El País: «El Constitucional de Guatemala anula la condena al exdictador Ríos Montt» http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/21/actualidad/1369101633_290958.html

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