En el Juicio Sepur Zarco: militares guatemaltecos serán juzgados por esclavitud sexual y doméstica

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Una mujer Q’eqchi’ representó a las demás víctimas de violencia sexual en la audiencia de ayer. Foto: Sandra Sebastián [Fuente de la imagen: http://www.plazapublica.com.gt/]

El próximo 1 de febrero se abrirá juicio contra dos militares guatemaltecos inculpados de someter en esclavitud sexual y doméstica a once mujeres durante el conflicto armado interno. El coronel retirado Esteelmer Reyes Girón, de 59 años, y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Azij, de 74, comparecerán ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Yasmín Barrios, por el caso contra las mujeres de la etnia maya-qeqchíes.

El Coronel del Ejército, Esteelmer Francisco Reyes Girón, será juzgado por Delitos Contra los Deberes de Humanidad en su forma Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Esclavitud Doméstica en contra de once mujeres Q’eqchi. Asimismo por Delitos Contra los Deberes de Humanidad en la forma de Violencia Sexual y asesinato en contra de Dominga Cuc y sus dos hijas menores de edad.

Por su parte, el ex comisionado militar, Heriberto Valdés Asij, será llamado a juicio por el delito de Desaparición Forzada y Delitos Contra los Deberes de Humanidad en su forma Violencia Sexual contra dos mujeres.

Entre los años 1982 y 1983, un destacamento militar en la comunidad de Sepur Zarco (entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal) esclavizó a estas mujeres y asesinó a sus esposos. Ellas estaban obligadas a cocinar y lavar la ropa de estos soldados, quienes además abusaban sexualmente de ellas de manera cotidiana.

Largo cautiverio

El Ministerio Público ha presentado un amplio informe, sustento del alegato, mediante el cual se detallan los hechos. En dicho documento se menciona que, luego de ocurrido el sometimiento, estas mujeres fueron obligadas a llevar tortillas al destacamento militar durante los siguientes seis años.

El drama de estas mujeres no terminó allí pues como consecuencia de los vejámenes sufridos, durante los últimos 30 años han sido discriminadas por parte de los mismos pobladores, quienes las han estigmatizado afirmando que eran trabajadoras sexuales a servicio de los militares, razón por la cual se han visto obligadas a vivir en lugares aislados de la comunidad.

La acción legal ha sido emprendida gracias al apoyo que la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad integrada por la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), Mujeres Transformando el Mundo (MTM) y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) ha brindado a estas mujeres.


Procedencia de la imagen de cabecera: prensalibre.com

 

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