Colombia

Presencia de Mundubat en Colombia

Colombia resistencia pacíficaNuestro trabajo en Colombia empieza a finales de 1996. Ahora, como en el pasado, se continúa acompañando el esfuerzo de organizaciones y comunidades por sus derechos en el Medio Atrato, Departamento del Chocó; en la capital (Medellín) y en el oriente del Departamento de Antioquia.

En 1996, una ofensiva paramilitar arrasó las comunidades del Medio Atrato. Masacró familias enteras y asesinó civiles de todas las edades. El objetivo era provocar el desplazamiento masivo de las comunidades afrocolombianas (mayoritarias en la región) e indígenas que estaban consiguiendo la titularidad colectiva de las tierras ancestrales. En estas tierras se encuentran puestos muchos intereses económicos y estratégicos, de forma que las comunidades y sus proyectos de vida y de desarrollo constituyen un gran “impedimento”. La violencia contra la población civil y su desplazamiento no es un “daño colateral” del conflicto, sino el objetivo mismo de la violencia.

Tras las masacres llegó un bloqueó humanitario que -a la vista de las autoridades y en la mayor impunidad- impedía a las comunidades que resistían en su territorio comerciar, vender sus productos o adquirir sal y medicinas. Se trataba de nuevo de provocar el desplazamiento, pero ahora por medio del hambre.

Al trabajo conjunto entre las organizaciones populares (comunidades negras reunidas en la ACIA; y pueblos indígenas Embera, Wounam y Katio en la OREWA) y la Diócesis de Quibdó para contrarrestar esa situación, se sumó PTM (ahora Fundación Mundubat) con proyectos de atención a la población desplazada: proyectos de ayuda alimentaria, sanitaria, atención psicosocial, de preparación a los retornos, educación, derechos humanos, pequeñas unidades productivas y de transporte.

El cooperante Iñigo Egiluz, quien murió asesinado junto al sacerdote Jorge Luis Mazo a manos de los paramilitares, lo definía así: “Este trabajo, lógicamente, va en contra de los intereses de los que buscan adueñarse de las tierras de forma violenta y sin escrúpulos”.

En el Oriente Antioqueño, la situación tenía algunas similitudes básicas: de nuevo la lucha por el territorio en contra de los macroproyectos, los desplazamientos y la población civil como objetivo militar. El trabajo tenía que seguir los mismos objetivos que en el Atrato, siempre de la mano de las comunidades.

Tanto en el Oriente Antioqueño como en algunos barrios marginales de Medellín, Mundubat trabaja con pequeños proyectos productivos y en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Contexto de actuación

Colombia BuenaventuraEl Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC han firmado recientemente, tras cuatro años de negociaciones y 52 de conflicto armado, el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

Estos Acuerdos de Paz, en las negociaciones en La Habana, versaron sobre cinco puntos: desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas e Implementación, verificación y refrendación. Fueron ratificados a finales de 2016 por el Congreso de la República, después de unos resultados fallidos en consulta popular por la influencia de la extrema derecha y la iglesia más conservadora. El 2 de octubre de 2016 se celebró un plebiscito para refrendar popularmente los acuerdos de paz. El voto en contra ganó, con una abstención del 60 % y un margen de 0,43 por ciento.

Las conversaciones de paz con el grupo insurgente del ELN están en marcha, y se espera una mayor participación de la sociedad civil, en especial, de las comunidades rurales y étnicas que han sido las más castigadas por el conflicto.

El grupo insurgente de las FARC (cerca de 7.000 personas) está en proceso de transición a la vida civil y la participación política desde el desarme. Se calcula que aproximadamente un 5% ha sido disidente. La entrega de armas comenzó a hacerse efectiva y los mecanismos de la justicia transicional se debaten en el Congreso, para convertirse en normas jurídicas y comenzar su aplicación. Sin embargo, la seguridad para la reintegración de los excombatientes no está garantizada.

Colombia Si bien los delitos relacionados con el conflicto armado se han reducido notablemente en los últimos años, los crímenes y amenazas contra líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos se han multiplicado exponencialmente con el proceso de paz hasta extremos muy preocupantes.

Los grupos paramilitares se han reorganizado y reforzado en diversos departamentos, aprovechando las zonas desocupadas por la guerrilla para ejercer el control social y la violencia. Todo ello estrechamente relacionado con el narcotráfico y la minería ilegal. Estas nuevas formas de control ilegítimo del territorio ponen en riesgo a las comunidades rurales y sus procesos de fortalecimiento político y exigibilidad de derechos.

La inequitativa distribución de la tierra y los recursos sigue estando entre las causas del conflicto armado. Colombia se mantiene entre los cinco países con mayores índices de desigualdad de la región. Las empresas extractivas y agroindustriales explotan el territorio con licencias estatales, pero sin cumplir, en la mayoría de ocasiones, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

La Ley ZIDRES favorece esta explotación en detrimento del desarrollo territorial que buscan las comunidades rurales. La Jurisdicción Especial para la Paz investigará a 57 empresas nacionales e internacionales por presunta vinculación con el paramilitarismo.

Colombia AtratoEl número de víctimas ocasionadas por el conflicto armado supera los 8 millones de personas, según el Registro Único de Víctimas. De ellas, 7 millones ha sufrido el desplazamiento forzado y más del 50% son mujeres. El desplazamiento viene ocasionado en múltiples ocasiones por el despojo de las tierras y bienes de la población campesina. Todas estas víctimas deben ser reparadas de manera integral en virtud de los Acuerdos de Paz y de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

Otros mecanismos para la Reparación Integral de las Víctimas están en el Acuerdo Final, tales como la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Recientemente se ha instalado la Comisión Especial de Garantías de Seguridad, creada específicamente para el desmonte de las estructuras paramilitares y la protección de las organizaciones sociales y los/as defensores/as de derechos humanos.

Todavía no se han previsto medidas de depuración institucional para el funcionariado público vinculado a graves violaciones de derechos humanos. Las Garantías de No Repetición es uno de los derechos de las víctimas menos desarrollado y garantizado en todo este proceso de paz.

Líneas de trabajo de Mundubat

  • ColombiaEje de Género: El trabajo está centrado en el fortalecimiento de organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes, para la erradicación de las violencias ejercidas contra ellas, tanto en el ámbito privado como en el público y exacerbadas en el contexto del conflicto armado. Las estrategias son: el empoderamiento de las mujeres, el autocuidado desde el acompañamiento psico-cultural-espiritual y la incidencia política. En el marco del post-Acuerdo de Paz, buscamos prevenir el aumento de la violencia contra las mujeres, en especial, de las líderes sociales; y la difusión pedagógica y apropiación política de los contenidos del Acuerdo Final para la Paz. Se apoyan campañas feministas por la paz y contra la violencia machista, además de participar en diversos espacios de coordinación y articulación con otras organizaciones feministas y de mujeres, locales, nacionales e internacionales.
  • Eje de Derechos Humanos: Por un lado, se apoya el fortalecimiento de organizaciones comunitarias indígenas, afrodescendientes y mestizas del Pacífico colombiano, principalmente campesinas, mediante la formación política, la creación de mecanismos y herramientas para el esclarecimiento de las violaciones de derechos y la visibilización de su memoria histórica, la denuncia de las violaciones enfrentadas y la exigencia de garantías de seguridad y de reparación integral de sus derechos, en especial el acceso a la restitución de tierras y al ordenamiento territorial de acuerdo a sus modelos de desarrollo. Asimismo, Mundubat promueve el acompañamiento a comunidades vulnerables retornadas del desplazamiento o en riesgo de sufrirlo, mediante el establecimiento y consolidación de espacios de protección, solicitud de    medidas cautelares y denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Con estas comunidades se trabaja la construcción colectiva de la paz territorial, a partir de la expresión de sus necesidades y experiencias en el marco del conflicto armado, poniendo especial atención a la participación, experiencias y necesidades de las mujeres. También se ha comenzado a investigar desde la línea de Empresas y Derechos Humanos, editando informes que vinculan la inversión económica agroindustrial, turística y comercial con las violaciones de derechos cometidas contra las comunidades y sus territorios.

  • Eje de Soberanía Alimentaria: Busca el fortalecimiento organizativo y la construcción de liderazgos de mujeres campesinas de la mano de organizaciones locales, articuladas en la Cumbre Agraria y La Vía Campesina.

Contrapartes

  • Akina Zaji Sauda

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