Brasil es un país en el que actualmente 32 millones de personas pasan hambre, de las que la mitad viven en el mundo rural.  Por otra parte, otros 65 millones de personas se alimentan de forma precaria en el país. Una de las explicaciones a esta situación es que las mejores tierras se destinan a monocultivos para la exportación, como la caña, café, algodón, soja y naranja.

Al mismo tiempo, según las estadísticas oficiales, cerca de 30 millones de personas migraron del campo a la ciudad en el periodo 1970-1990. El contingente de trabajadores y trabajadoras rurales disminuyó en un 23% de 1985 a 1996. Hoy, más del 77% de la población brasileña vive en las ciudades.

La década de los noventa ha significado para Brasil la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del área. En un contexto en el que suben los precios de muchos sectores pero bajan los salarios, las repercusiones sociales para el país son inevitables, haciendo del campesinado uno de los sectores más vulnerables de Brasil.

En un país con un amplio sector agrícola, la reforma agraria no termina de beneficiar al campesinado, que una y otra vez ve desoído sus derechos como clase trabajadora mientras éstos observan cómo la riqueza se acumula y se concentra en muy pocas manos, beneficiando especialmente al sector financiero internacional.

Este nuevo modelo económico basado en grandes plantaciones, monocultivo,  agricultura intensiva y alta tecnificación genera contradicciones y conflictos dejando fuera del mercado a gran parte de la población. Las principales características del modelo económico en la zona se reflejan en el gran número de empresas multinacionales que dominan el mercado agrícola, fruto de la consecuencia de la internacionalización del capital, que define el precio del producto agrícola según parámetros internacionales y no nacionales. Esto está provocando un proceso de desmantelamiento del sector público, que incide en que, al reducirse el apoyo del Estado y de sus servicios tradicionales, el campesinado pierde el acceso a beneficios derivados de los créditos, políticas de establecimiento de precios, seguros, asistencia técnica, investigación e, incluso, almacenamiento.

Entre 1994 y 1998, 400 mil pequeños agricultores perdieron sus tierras y 800 mil trabajadores rurales perdieron sus empleos. Sólo en la década de los 90, fueron expulsadas del campo 400.000 familias (2 millones de personas). De este número, cerca de 1,2 millones son jóvenes o niños.

Al respecto, el 1% de los propietarios rurales detentan el 44% de las tierras cultivables del apis y, en el otro extremo, existen 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras rurales sin acceso a la tierra. Por otro lado, el 10% de la populación más rica posee el 50% de la riqueza producida, en tanto que el 50% de la población se debe contentar con apenas el 12%.

Los signos de exclusión de los jóvenes del campo son claros: el éxodo rural, la falta de política agrícola dirigida a los pequeños agricultores y agricultoras, la desigualdad en la distribución de la tierra, y la negación de los derechos sociales (educación, cultura...) contribuyen a la pérdida de identidad rural, la mística de la tierra y la falta de perspectivas de vida y de dignidad.